Los desaparecedores de Santiago Maldonado (I)

Tomo y obligo

La cantidad de memes que circulan sobre la supuesta adicción alcohólica de Patricia Bullrich y el anatema de borracha que se le ha colgado siempre me parecieron exagerados, y hasta ingratos: finalmente, era lo único que me resultaba simpático de una funcionaria que más bien causa desagrado, y no sólo por la parábola estrambótica de su trayectoria política, que se inicia en una cercanía a la izquierda combativa del peronismo de los ’70 para recalar en nuestros días, ya devuelta a su ecosistema familiar y de clase, en las huestes de Cambiemos.

Si hablar de huestes puede resultar una caracterización un poco demasiado castrense, de alguna manera vincula aquel comienzo tan próximo a la acción directa con este presente en donde, como Ministra de Seguridad de la Nación, se maneja entre gente de uniforme, disciplina, órdenes y acciones marciales. De modo tal que su declarado mea culpa y renuncia a la violencia que puso en escena durante uno de los almuerzos paquetes de la ultraderecha televisiva [1] resulta entre inocente, cínico y chambón, en orden proporcional creciente. En todo caso, a lo único que ha renunciado es a la violencia del signo contrario al que defiende.

Pero volvamos a lo del principio, en esta vida signada por el discurrir a un lado y otro del límite alrededor del cual gira el concepto de seguridad: la infausta noche del control de alcoholemia que la convirtió en una lamentable celebrity y el bochornoso paso de comedia protagonizado, intentando negar la evidencia, aspirando la pipeta en vez de soplarla, lo que obligó a los efectivos policiales a innúmeras repeticiones del procedimiento. Otro Ministro de Seguridad como ella, pero en ese entonces de la ciudad de Buenos Aires, el inefable Guillermo Montenegro, exégeta del Fino Palacios, que tomó cartas personales en el asunto, señaló con razón: "Lo grave es que una persona que fue funcionario público y es referente de un partido político diga que no funciona un sistema seis meses después porque le toca a ella, y que se haga varias veces porque sopla para dentro" [2].

El rugbier Montenegro hasta hace poco asoleaba en las playas uruguayas la diplomacia rioplatense como embajador ante los hermanos orientales, lejos del Ministerio de Seguridad y de la Bullrich, quien ostenta el mismo cargo que él antes, sólo que a nivel nacional, nada menos. Quizá alguien reparó en la inconveniencia de que, con semejantes antecedentes, convivieran en la cercanía administrativa, aunque tal cálculo no parece muy factible. Quizá tenga más que ver con que el episodio fuera el inicio de una bella enemistad. Lo más seguro es que nada de esto sea cierto, y el movimiento sólo intentara alejar por un tiempo al ex-ministro del escenario capitalino, en donde se acumulan las denuncias en su contra por cohechos varios.

Como dije antes, me parece una ñoñería mojigata juzgar a Patricia Bullrich por haberse tomado unas copitas, mientras se desdeña olímpicamente lo realmente grave: que una diputada de la Nación no sólo trasgreda la norma, sino que encima pretenda eludir la sanción con artimañas propias de un punguista sorprendido con las manos en la masa. Pero hay algo mucho más escabroso todavía: que esa misma diputada, pescada en momentos en que violaba una ley, y que luego, en lugar de asumir su responsabilidad, intentara zafar con las peores armas de la viveza criolla, hoy sea la Ministra de Seguridad de la Nación. Y aquí viene lo lindo.

Qué ves cuando me ves

Vayamos a lo obvio: Bullrich no sólo transgredió la ley y luego intentó escabullirse. Lo más grave es que puso en riesgo la seguridad de otras personas con su accionar irresponsable. Tal actitud debería descalificarla automáticamente para hacer de ella la máxima autoridad del país en materia de seguridad.

¿Parece muy exagerado? ¿Una sanción demasiado severa por una infracción que cometen cotidianamente gran cantidad de argentinos que, sin estar borrachos, superan el límite tolerado por la norma? En absoluto, porque en política son importantes los gestos. O al menos, deberían serlo.

Porque si se coloca al frente del máximo organismo de seguridad a una persona con un antecedente tan aberrante, lo que se produce es el gesto de signo contrario. Lo que el gesto dice es que no son importantes las formas. Lo cual es paradójico, ya que mientras las legislaciones y jurisprudencias se van refinando y completando, quienes ejercen el poder hacen ostensible el desprecio de lo formal que, por otro lado, con tanto empeño (pero evidentemente con tan poca sinceridad) cultivan.

Desde lo simbólico, nada más contraindicado para el cargo que el portfolio personal de Bullrich. Pero desde lo simbólico también, el poder envía su mensaje: pondremos en el cargo a quien notoriamente ha transgredido las reglas y luego ha intentado trampearlas, precisamente porque es muy probable que también nosotros necesitemos hacerlo.

Este es el tiempo de la post democracia, en donde los grupos de presión se organizan en un orden cerrado que les permite extorsionar con la paralización total del sistema, por estrangulamiento económico y jurídico-administrativo. Es el momento de los gerentes al frente del país, y de la resignación apática de vastos sectores de la población ante lo que se les antoja inevitable. Es la época en la que las instituciones lucen ajustadas en torno a los ciudadanos a la manera de las redes sociales –pendientes en apariencia de sus necesidades y en realidad del control de sus movimientos–, pero manteniéndose siempre en la escala del individuo. En la política macro, en cambio, en las grandes decisiones, los negocios o transferencias multimillonarias que propiciará o garantizará el Estado, el ciudadano ha sido aleccionado que no es asunto suyo y que su opinión no cuenta para nada ni interesa a nadie.

Por lo tanto, tampoco será de su incumbencia lo impropio que le resulte la carencia de virtudes cívicas en un funcionario, máxime si son las que específicamente se requieren para el puesto.

El eterno retorno

Recapitulemos: quien escracha in-fraganti en 2009 a una Bullrich ligeramente copeteada intentando evadir el compromiso es Guillermo Montenegro, Ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que nombrara a Jorge Fino Palacios al frente de la policía metropolitana. La carrera de Palacios en la flamante fuerza es efímera en virtud de sus siniestros antecedentes denunciados por los organismos de derechos humanos y otros vinculados a la AMIA. Montenegro lo reemplaza por Osvaldo Chamorro, socio de Palacios y de su misma calaña en esto de espiar ilegalmente; ambos supervisan a Ciro James, a quien se le incautan las famosas escuchas ilegales por las que terminó procesado Mauricio Macri. La comedia de enredos termina penosamente con los tres fuera de la policía, lo cual no es obstáculo para que el accionar de la fuerza se hiciera tristemente célebre por represiones violentas. Paralelamente, y con dependencia de otro ministerio (el de Espacio Público), la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) apaleaba indigentes sin techo.

A partir de diciembre de 2015, con el arribo de Cambiemos al Ejecutivo nacional, Bullrich es a su vez Ministra de Seguridad de la Nación, teniendo como jefe de gabinete a Pablo Noceti, abogado defensor de genocidas de la dictadura. En enero de 2016, fuera de la órbita de este ministerio pero sí bajo incumbencia del gobierno nacional, se produce la detención ilegal de Milagro Sala en Jujuy, la que se prolonga hasta agosto del año siguiente: un año y ocho meses de prisión preventiva sin fundamento, reclamada su liberación por la ONU, con una cautelar favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidades a las que no se les puede achacar parcialidad interesada. Diputados nacionales son reprimidos en diciembre 2016 en Jujuy. Pese a todas las violaciones en esa provincia, el gobierno nacional, que es garante del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos), mira para otro lado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, también.

Sería interminable enumerar las represiones sobre trabajadores, desde las inaugurales de Cresta Roja hasta las de Pepsico. A comienzos de 2017 comienza una cronología de avance sobre las posiciones que defienden los mapuches del Lof Cushamen.

El final es conocido: Santiago Maldonado desaparece el 1º de agosto de 2017, en el marco de un operativo represivo de la Gendarmería. ¿Es casual? No, no es casual, hay una larga cadena de hechos que preanunciaban este desenlace. ¿El gobierno quiere hacer desaparecer gente? Probablemente no, pero lo admite como una posible consecuencia indeseada de su accionar, un efecto colateral a asumir dentro de los costos de su política. ¿Eso lo exculpa en parte? Para nada, más bien lo confirma y lo involucra en una conducta criminal. ¿Quién es el responsable de esa desaparición? El Estado, sin ninguna duda, y el gobierno que lo gestiona, porque la desaparición se produce en el marco del (mal) ejercicio del monopolio de la violencia institucional que la Constitución le atribuye.

Patricia Bullrich niega lo evidente, del mismo modo que negó los controles de alcoholemia en su momento. Más tarde o más temprano el gobierno deberá sacrificar ese alfil, y Pablo Noceti seguirá el mismo camino. Son fusibles. No son ellos los desaparecedores últimos de Santiago Maldonado, ni siquiera la Gendarmería. Los desaparecedores son los que han diseñado, implementado y ejecutado estas políticas, apoyándose en los otros desaparecedores, los de antes, por los que siempre manifestaron simpatía y, por qué no, comunidad de intereses, materiales y espirituales.

Esto pudo haber ocurrido hace mucho, a partir del momento en que tempranamente, en la ciudad de Buenos Aires, se instaló en el gobierno a cargo este concepto malsano de represión necesaria sobre los que no están integrados, por voluntad propia o por desamparo, al sistema.

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[1] Puede escucharse su versión autocrítica en https://www.youtube.com/watch?v=HSHoeBIuzCc&t=8s. También en La Nación del 9 de abril de 2017. Versión online en http://www.lanacion.com.ar/2007336-patricia-bullrich-conto-cual-fue-su-rol-en-montoneros.

[2] La Nación del 24 de abril de 2009. Versión online en http://www.lanacion.com.ar/1121615-dura-replica-del-gobierno-porteno-a-bullrich-tras-el-test-de-alcoholemia.