Los desaparecedores de Santiago Maldonado (II)

Los vomitados por Dios

Le comenté a una docente lo extraño que me resultaba que no se hiciera mención en su clase a la desaparición de Santiago Maldonado. Estamos hablando de un instituto privado de nivel terciario, con asistentes mayores de 20 años. La primera razón esgrimida fue que el tema se había politizado.

La reflexión inmediata: ¿de qué manera que no sea política puede ser tratado un caso de desaparición forzada? Algo así como enseñar la Constitución, pero sin politizarla.

Por otro lado, esta idea de que la política es negativa parte de una mala utilización de palabras y conceptos, para nada inocente, que es de larga data y con las consecuencias que están a la vista. Las dictaduras militares, para empezar, acuñaron la noción de que los políticos eran nefastos, y que por extensión, también lo era la política. Bastante lógico, ya que no había otra manera de justificar un golpe de Estado. Que, si vamos al caso, por otro lado, también es una forma de hacer política. A lo Neanderthal, pero política al fin.

Luego vinieron los ’90, en los que se volvió a deprimir maliciosamente el concepto. Menem hablaba de paros políticos, por ejemplo. Caramba, ¿cómo concebir un paro que no sea político? Un paro se hace por reivindicaciones, que implican la modificación de políticas, en pequeña o gran escala. Nadie corrigió el disparate y quedó instalado. Todavía hoy muchos funcionarios recurren a la muletilla como descerebrados.

Pero la peor intención se puso en el empleo de la palabra politización. Pasando por alto el absurdo de que sería redundante politizar lo que ya de por sí es político e imposible politizar lo que no lo es, a lo que se pretende aludir es a una discusión partidaria que enreda más que esclarece la situación. Lo que habitualmente designamos con el despectivo politiquería.

Por lo tanto, politiquear un tema podría ser inconducente, y no politizarlo, cosa que, queda dicho, es absurda. Parece una sutileza de académicos pero con estas minucias del discurso procuran empomarnos todos los días, dicho en términos corrientes para no caer en el registro culto. Pretender que si tratamos un tema que es netamente político lo estamos politizando significa, lisa y llanamente, no querer hablar del asunto.

El segundo argumento esgrimido por la docente fue que no se podía saber con seguridad nada acerca de la cuestión ya que había demasiada información dada desde puntos de vista contradictorios. Lo cual me retrotrajo a los años oscuros de la dictadura del ’76, cuando mucha gente, ante las técnicas de desinformación implementadas frente a los flagrantes casos de desaparición cotidianos, resolvían livianamente el tema con el consabido “algo habrán hecho”.

La docente de que hablo, me consta, está muy lejos de ese cinismo. Conozco su integridad y su preocupación por un futuro mejor. Sin embargo no la disculpa el hecho de que, con el antecedente de aquel comportamiento mezquino de buena parte de nuestros congéneres en los años de plomo, no considere una reacción más enérgica y veloz, antes que esperar más datos mientras el tiempo pasa y hay una persona en aquel limbo tan asépticamente definido por Videla. Es demasiada tibieza.

Las versiones pueden ser contradictorias en el enfoque o en cuestiones secundarias. Pero lo cierto y concreto es que Santiago Maldonado está desaparecido, que el hecho fue denunciado como ocurrido en el marco de un operativo represivo de la Gendarmería en un lugar apartado y sin presencia de prensa u otros observadores imparciales (y mucho menos fiscales o funcionarios que no fueran los superiores inmediatos de la fuerza), que perros entrenados detectaron el rastro de Maldonado en el lugar de los hechos, y que hay testigos de distinta procedencia que declararon en ese mismo sentido. Después, podemos hablar del terrorismo internacional, de la RAM o la memoria de estado sólido, o de las nubes de Úbeda, como graficara un caudillo catamarqueño de trayectoria errática. Estos datos son incontrastables y, en función de nuestra historia reciente, de la que aún no han pasado 40 años, nadie debería dedicar una sola reflexión al sexo de los ángeles antes de salir a reclamar de inmediato. No hay tiempo para esperar comprobaciones mientras el Estado remolonea, niega y trata de desentenderse.

Si después las cosas resultaran de otra manera (y cualquier cosa resultaría mejor que una desaparición forzada), se pedirán disculpas y se harán los desagravios que fueren necesarios, y se sancionará si correspondiere al verdadero responsable de la preocupación pública e institucional. Ahora, es necesario exigir respuestas y una investigación seria.

Los endemoniados

La sociedad argentina parece estar repartida en tres: los tibios descritos arriba serían los del medio. A un lado, están los que llenaron plazas y calles en todo el país y sostienen el reclamo. Del otro, los negacionistas, los que defienden a capa y espada al gobierno sin ninguna racionalidad.

Es un fenómeno extraño y los medios de comunicación del poder hacen su parte, es cierto, pero de cualquier manera resulta sobrecogedora la frialdad e indiferencia de este sector. Aquí, nuevamente, es necesario recurrir a la triste memoria de quienes, durante la dictadura, colocaban en sus autos o su ropa el autoadhesivo de “los argentinos somos derechos y humanos”. Negar sin siquiera permitirse examinar los hechos, los puntos oscuros, las dudas que persisten y ante las cuales la administración Macri no entrega ningún gesto tranquilizador. Negar, como mecanismo exculpatorio de la propia responsabilidad, en la convicción de que lo que no existe no genera cargos de conciencia. Negar, aunque eso lleve a una deshumanización absoluta, a que la única preocupación al respecto sea si a sus hijos les van a hablar del caso en la escuela. Sin detenerse un segundo a reflexionar que sus hijos mañana pueden tener el perfil del joven de 28 años cuyo rastro no aparece: explorador, ecologista, solidario ante la injusticia; y que ésa es la verdadera amenaza, no que un maestro dedique una clase a la gravedad cívica del caso. Es realmente escalofriante saber que a muchos vecinos, colegas, ciudadanos, por las mismas causas políticas que dicen detestar –aunque de signo contrario–, se les ha petrificado toda sensibilidad ante los más macabros y peligrosos indicios de abuso de la prepotencia armada estatal.

Es el momento en que recurren a subterfugios de todo tipo. Pasemos por alto por demasiado groseras las comparaciones con Julio López o Marita Verón. Vayamos a la inquietante caracterización de terroristas que se apresuraron a estampar diversos medios y que fue desestimada por el mismo juez que ordenó el operativo, Guido Otranto [1]. Terroristas que aspiran a la creación de un país propio, de límites inaceptables, que enajenaría una sección considerable del territorio nacional.

El purgatorio infinito

En este punto, en honor a la honestidad, cabrían algunas reflexiones. Se les empezó llamando indios, luego se consideró incorrecta tal apelación y se suavizó con indígenas; conforme avanzaba la cultura tampoco fue satisfactorio y se pasó a aborigen, pero como la mala conciencia es persistente se adoptó el más reciente (y considerado más paquete y menos eufemístico) pueblos originarios. Etimológicamente es prácticamente lo mismo que aborigen, pero como este término ya había asimilado cierta impronta paternalista y compasiva que resultaba discriminatoria, la ensalada de la culpa cultural decidió desestimarlo.

Tenemos entonces pueblos originarios. Lo cual, y no hay que ser muy astuto para deducirlo, señala muy claramente que se trata de gente que está allí desde el origen. Y si están allí desde el origen, ¿por qué no serían suyos los territorios, y por qué no deberían ellos mismos elegir la organización que quisieran darse?

Para casi todo hay respuesta, aunque algunas veces es incómoda o directamente lesiva de nuestro ethos civilizado. En este caso se llama derecho de conquista. En buen romance: fuimos, les dimos palos y les robamos. No resultó igual de eficiente el exterminio, ni la dispersión territorial, ni la separación de familias, ni la internación en campos de prisioneros [2]. La sangre es persistente y vuelve, casi 140 años después, a recordar a todos los argentinos que todavía hay cuentas pendientes.

Esto lleva, claro, a tremendos complejos nacionales, a procelosos cuestionamientos acerca de nuestra identidad, definida tradicional y fallutamente como fraterna, solidaria, defensora de la autodeterminación de los pueblos, etc. etc. etc. ¿Por qué no se encargó la generación del ’80 de liquidar el problema del indio definitiva y completamente, en lugar de dejar a las generaciones venideras, para purgar eternamente, semejante pecado? No existe consultorio psicoanalítico de dimensiones apropiadas para un tratamiento efectivo, capaz de remendar el ego nacional.

Quizá entonces no sea tan conveniente llamarlos pueblos originarios; quizá haya que dejarse ya de delicadezas y volver al principio, a lo que muchos consideran que son, con toda su carga de menosprecio y sentimiento de superioridad racial: indios, a secas. Si no lo creen, vean cómo Jorge Lanata lo expresa con todas las letras [3].

Quizá entonces sea mejor revertir la culpa, convertir a las víctimas en victimarios y acusarlos de querer robarse lo que les fue robado en aquel indecoroso episodio de la historia patria del cual la Nación puede sentirse no del todo orgullosa, pero al cual tampoco está dispuesta a renunciar.

Es que ya se arreglaron todos los negocios, ya se cerraron todos los contratos de cláusulas irrenunciables, ya está todo vendido: esta es la mezquina explicación que se les puede dar, apelando para su comprensión a su nobleza de pueblos originarios, pero sin dejar de hacerles evidente su condición subalterna de indios.

El paraíso perdido

Para los adláteres del nacionalismo a ultranza, aquellos que hablan de la soberanía nacional que una chusma de indios amenaza poner en peligro, conviene dejar en blanco sobre negro algunas cifras que son reveladoras. Pero antes, hay que recordar a quienes echan espuma por la boca, se rasgan la camisa y se golpean el pecho a causa del despojo de las Malvinas por los ingleses, que si eso les parece tan injusto habría que comenzar por devolverle a los pueblos originarios lo que es suyo.

Vamos a los números, al fin. Mucho se ha hablado de las 900.000 hectáreas de Benetton. El problema con las magnitudes grandes es que es difícil imaginarlas. Pongámoslo en km², que ya nos acerca un poco más a lo tangible. Son 9.000 km²: aproximadamente la misma superficie de Puerto Rico. O sea que el país de Benetton es más grande que el 51^o estado de la Unión, y que muchos países reconocidos por la ONU. ¿Cuál es la superficie de las islas Malvinas? Apenas un tercio más grande, 12.200 km², oh paradoja.

Pero eso no es nada. Según la Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales [4], el total de tierras en manos extranjeras en el país es de 14.972.536,16 has, o sea 149.725 km²: una superficie mayor a la de la provincia de Mendoza. O el equivalente a 750 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que estamos hablando de autonomía.

Entonces, para aquellos dispuestos a resistir en la trinchera la invasión de “indios apátridas”, hay que avisarles que a retaguardia ya se firmó la rendición incondicional.

Tardíamente, en 2011, se sancionó la ley 26.737, de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como ley de tierras, que limitaba a 1.000 has la posesión por extranjeros. Parece un chiste, porque las leyes no son retroactivas, pero al menos era algo. El año pasado, el decreto 820/2016 desreguló la normativa, así que no queda ni ese consuelo. También la ley 26.160 del 2006 disponía una emergencia sobre la posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. El plazo de la emergencia expira el 23 de noviembre de 2017. Cuando se cumpla, ¿qué será de todas las comunidades distribuidas en el territorio nacional, a ojos vista del comportamiento del Estado con este gobierno?

Los vomitados por Dios y los endemoniados son también desaparecedores de Santiago Maldonado. No son quienes perpetraron su secuestro, pero sí los que colaboran con el mantenimiento de su condición de desaparecido. Ambos sectores y el resto, además, seguimos perdiendo la posibilidad de integrarnos como país y como sociedad.

Adicionalmente, demonizando a las comunidades se pierde la posibilidad de diálogo. Y con ello, conocerlos mejor, saber de sus necesidades, integrar culturas, construir un horizonte común. Hay todo un paraíso que se pierde, además del ya enajenado en manos real y verdaderamente extrañas, tal como hemos visto y detallado.

En ese paraíso perdido es donde está Santiago Maldonado.

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[1] Consultar el Diario El País de México, en su edición online que puede verse en https://elpais.com/especiales/2017/represion-mapuches-argentina/

[2] A este respecto, obra de consulta obligada es Pedagogía de la desmemoria, de Marcelo Valko, Peña Lillo-Ediciones Continente, Buenos Aires, 2013, que documenta el exterminio, el reparto de niños entre las familias adineradas de las ciudades, el traslado de sobrevivientes en condición de mano de obra zafrera a Tucumán, o tripulantes de buques de la Armada, o internados en la isla Martín García, convertida en siniestro campo de concentración donde se los dejaba morir apestados.

[3] Se puede ver la primera parte de la entrevista en https://www.youtube.com/watch?v=hfpvABFGVwM, y la segunda parte en https://www.youtube.com/watch?v=hfpvABFGVwM.

[4] La Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales fue creada en el marco de la ley 26.737. Los datos consignados más arriba pueden chequearse en la página de dicha Dirección,  http://www.jus.gob.ar/media/3215819/DEPARTAMENTOS%20QUE%20SUPERAN%20EL%2015x100%20DE%20EXTRANJERIZACIoN.pdf