Macri, el lawfare y el síndrome del contrabando

“El primitivo Buenos Aires”, de Héctor Adolfo Cordero, es un libro apasionante porque retrata a la ciudad en sus primeros 30 años, entre 1580 y 1610, cuando era apenas una aldea de chozas de no más de trescientas o cuatrocientas personas. Podemos leer:

“Al recorrer las páginas de los primeros tomos de los acuerdos del Cabildo se puede comprobar cómo la violencia y el fraude se supieron poner en práctica en las elecciones de sus miembros. Más de una vez el lugarteniente y justicia mayor, especialmente en la época que nos ocupa, procedió arbitrariamente para lograr los fines perseguidos: en ocasiones fraguaron acusaciones criminales contra algunos de los candidatos para que no pudieran ser votados. Interesaba que determinados hombres ocuparan los escaños del cuerpo capitular para poder efectuar sus negocios el grupo vinculado al tráfico clandestino o presuntamente legal.”

¿Alguna resonancia o similitud con nuestra época? “… fraguaron acusaciones criminales contra algunos de los candidatos para que no pudieran ser votados”, y así ubicar en posiciones de poder a “determinados hombres” para poder “efectuar sus negocios el grupo vinculado al tráfico clandestino”.

Y estamos hablando de los primeros años de vida de Buenos Aires. No de la mitad inicial de sus más de cuatro siglos de vida, ni siquiera de sus primeros cien años (en los que ni siquiera existía el Virreinato del Rio de la Plata), sino de prácticas que ya se verificaban en los primeros diez o veinte.

Casi con el surgimiento del poblado, documentado en sus libros oficiales, aparece la maniobra de utilizar a la justicia como una herramienta para usurpar el poder. La banda delictiva conocida popularmente entonces como los confederados, tal como los motejaba Hernandarias, no era otra cosa que lo que hoy calificaríamos de asociación ilícita, dedicada al contrabando y el comercio ilegal, y enquistada en los resortes del gobierno mediante el poder económico y el accionar mafioso.

Resumiendo: un grupo inescrupuloso, poseedor de una riqueza que era producto de negocios ilegales, fragua acusaciones y manipula a los jueces para invalidar el acceso a cargos fiscales de quienes pudieran cuestionar sus trapisondas.

¿Cuáles eran las operaciones ilegales? Básicamente, el contrabando. Algo por lo que también fue acusado y procesado Mauricio Macri y, con los enjuagues consiguientes, luego sobreseído en distintos pasos de minué de avinagrada memoria.

La madre de todas las matufias

Para un repaso rápido: Sevel Argentina exportaba autopartes a Sevel Uruguay, cobrando el correspondiente reembolso por exportaciones. Sevel Uruguay ensamblaba los autos con esas piezas y Sevel Argentina los importaba, beneficiándose nuevamente, esta vez con el arancel diferencial del 2% y con el sistema de importación compensada para el régimen automotor. ¿En moneda? Una defraudación al fisco de 14.000.000 de pesos, sólo en 1993. O sea, catorce palos verdes en un año, en función de la convertibilidad. La práctica pudo haberse mantenido hasta 1995.

¿Cuáles fueron las intrigas palaciegas para conseguir la absolución? El procesamiento en primera instancia fue confirmado por la Cámara en lo Penal Económico (en https://www.clarin.com/economia/confirman-procesamiento-macri-presunto-contrabando_0_ry0ed5txRFx.html). Y todo parecía encaminado a al juicio oral y público, cuando se metió la Cámara de Casación y entendió que no había delito, por lo cual sobreseyó a los acusados. Ya estábamos en 2001. El fiscal no tuvo más remedio que apelar ante la Corte Suprema (en http://www.lanacion.com.ar/396595-la-causa-por-contrabando-que-involucra-a-los-macri-llego-a-la-corte), que los exculpó definitivamente al año siguiente, con los votos favorables de la mayoría automática menemista (en https://ar.vlex.com/vid/-40094885). Los incondicionales ni siquiera se molestaron en fundamentar su fallo, lo que a la larga terminó costándoles el puesto por juicio político, en 2004.

Y hay todo un entramado adicional. Porque la Aduana, apenas tres días después de haber pedido medidas ampliatorias, se retiró como parte querellante. O sea, desistió de reclamar el enorme capital que se le adeudaba. Raro, ¿no? Parece ser que Sevel ya había sido convenientemente vendida a Peugeot, y Peugeot habría apretado a Machinea, ministro de Economía de De La Rúa, para no tener que hacerse cargo de la deuda (en https://www.pagina12.com.ar/2000/00-11/00-11-17/pag10.htm). Machinea, en vísperas de anunciar el blindaje financiero con el que se planeaba inaugurar el exitosísimo año 2001, habría considerado más prudente indicar al jefe de la Aduana un discreto mutis por el foro.

Tomala vos, dámela a mí, yo señor, sí señor, no señor, pues entonces quién la tiene. Nadie. Mejor archivemos el asunto. Total, ¿quién se perjudica? El Estado argentino, que somos un poco todos. O sea, los hospitales sin insumos, los pibes desnutridos en Tucumán, las escuelas del Estado o los inundados sin obras de infraestructura. En fin, una pena: quedará para otra vez. Como siempre.

O sea que la saga comienza en tiempos menemistas (siempre existe la posibilidad de una tuerca suelta en el engranaje, en este caso Carlos Tacchi al frente de Los Intocables de la DGI, a quien los memoriosos recordarán por su compromiso de “hacer mierda a los evasores”). Bien: el loco de Tacchi se corta solo y abre la caja de Pandora. Así que la historia luego discurre en negociaciones sucesivas para tapar el escándalo, primero con Cavallo, luego con el gobierno de la Alianza y finalmente, en épocas de Duhalde, y sacrificando un poco la elegancia, con la Corte de la infamia menemista. Hoy, claro, hay acuerdo general ya que, de todas esas administraciones, Cambiemos ha ido rescatando complicidades y, quien más, quien menos, todos tienen algún muerto por el estilo en el placard. Lo que se dice comunidad de intereses.

Yo no fui

¿Y cuál fue la reflexión de Mauricio Macri sobre su responsabilidad?: “Lo único que hice fue seguir los pasos que me dijo la Aduana. Si alguien fija las reglas y las cumplís, no veo por qué estoy involucrado" (en http://www.lanacion.com.ar/1264670-sospechas-y-absoluciones-en-la-historia-de-macri-ante-la-justicia). Dos cosas a considerar. Primero, el recurso habitual de echarle la culpa a otro. Segundo, la amoralidad de aprovecharse de agujeros legales. Es lo mismo que tomarle la leche al gato, para ponerlo en términos maradonianos: nadie va a ir preso por eso, porque la ley no lo pena, pero hay que tener muy mala entraña para hacerlo a conciencia y sentirse tan tranquilo.

No debería extrañar, de cualquier modo, ya que es el mismo razonamiento empleado con los Panamá papers: Macri dice que se trató de una operación legal (en https://www.losandes.com.ar/article/macri-se-defiende-es-una-operacion-legal). Y se hace el santo. Por la misma razón tuvieron que renunciar el primer ministro de Islandia, el cónsul de Panamá en Alemania, el inspector general de justicia de Armenia, el ministro de industria de España, el ministro de salud y energía de Malta, y aquí nomás, en Chile, el presidente de la ONG Transparencia Chile. ¿Por qué será? ¿Serían más culpables? ¿Se habrían sentido avergonzados o les remordería la conciencia, eventualidades inimaginables en el mandatario argento?

Sin entrar en el detalle de cada caso, y aún considerando que en otros países las regulaciones pueden ser más exigentes, no siempre se trató de incompatibilidades legales sino éticas, y de la condena pública consiguiente, y del descrédito político resultante.

No se trata sólo de cumplir con la ley: también es una cuestión de honestidad. ¿Para qué se emplea dinero y recursos en abrir una cuenta o una empresa en un Estado extranjero a miles de kilómetros, si no es para aprovecharse de una legislación laxa, que permite lavar dinero o, en su defecto, no tributar lo que correspondería en el país propio, o en el que se piensa desenvolver la actividad?

La originalidad del lawfare

Para escudarse en aquello de que lo que la ley no prohíbe está permitido, a sabiendas de la defraudación que se provoca al erario y la estafa a la confianza pública, hay que ser muy hijo de puta.

Porque lo peor de todo, además de lo antedicho, es la inoculación en la conciencia colectiva del precepto no escrito que reza: la ley no es un parámetro de justicia sino un instrumento hecho a conveniencia de quien ejerce el poder. El aparato jurídico es de quienes mandan y favorece sus intereses, no los del conjunto.

Y es particularmente grave por lo que se menciona al inicio de esta nota. Desde siempre Buenos Aires, con la consecuente proyección al resto del país de su influencia política, social y económica, tiene un historial consolidado de anomias y vulneración de principios de equidad. Ya en sus mismos albores, lo institucional no surgió como reflejo de una organización de consenso, sino como apariencia amañada en función de los intereses de turno.

Han pasado cuatrocientos años y entonces, como ahora, al poder se lo captura para imponer condiciones al resto. Y a aquellos díscolos que pueden llegar a oponerse, se los neutraliza mediante acción judicial: se los calumnia, se les fraguan procesos, se los inhabilita para la función pública, se los encarcela. Ahora hablamos de lawfare, pero es una artimaña vieja, muy vieja. Y si no, invite a Sócrates a una copita de cicuta y escuchará largamente sus divagaciones sobre el tema.

Entonces, ¿el lawfare es apenas una moda efímera? ¿Una postura diletante? Parece algo demasiado trillado y comprobado en la Historia esto de manipular los resortes judiciales del Estado.

La novedad del lawfare pasa por otro lado. A los poderes fácticos en posesión del poder político y al aparato judicial se les agrega el tercer elemento: los medios concentrados de comunicación. Ésa es la innovación capital del lawfare.

Los medios de comunicación cumplen dos funciones: en primer lugar, establecer una parodia de ejercicio dialéctico con los tribunales, por medio de la cual las causas progresan sobre presunciones o falsedades instaladas por la gran prensa, que son validadas por los jueces, que son presentados a su vez por los medios como garantes, quienes consideran como plena prueba lo publicado por los medios, lo que habilita la progresión por pasos sucesivos de nuevas presunciones y acusaciones.

Por otro lado, los medios concentrados enmascaran e invisibilizan los factores reales de poder: los grandes grupos económicos, los lobbies empresarios y las corporaciones de los poderosos son los que definen las líneas editoriales, qué temas se van a tratar y cómo, a quién se va a atacar y a quién proteger. Luego pasa a la instancia de los expertos: directores y jefes de sección harán los encuadres técnicos necesarios. Finalmente, llega a los ejecutores: periodistas, conductores de televisión y radio, productores, fotógrafos, etc. Ellos son los que van a aportar el elemento mágico: sus caras, sus nombres, sus firmas; todo lo que constituye una apariencia de individualidad, de pensamiento personal con el que sea posible la identificación, para dar carnadura al relato que ya se definió en los escritorios de los potentados.

Para el gran público, sólo es visible este último eslabón del proceso: el columnista de renombre, el comentarista influyente, el moderador carismático. Todos bailando en el retablo del titiritero que mueve los hilos. Los elementos empáticos que hacen posible que la ideología del poder fluya por los vasos de la comunidad. Esa alquimia del verbo es todo el oro del lawfare.

Las lecciones de la Historia

En sus inicios, el contrabando fue el único recurso que tuvo Buenos Aires para sobrevivir. Así sucedió durante los primeros doscientos años. Doscientos y pico de años contrabandeando sistemáticamente es mucho tiempo. Las prácticas enquistadas para favorecer a unos pocos en perjuicio de muchos se trasladaron luego a las guerras civiles posrrevolucionarias, siempre con el mismo razonamiento mezquino de no ceder ni una uña de lo acumulado, y menos aún de lo acumulable a futuro. La pelea entre el puerto agroexportador y el interior abandonado a su suerte no se zanjó con la caída de Rosas: muy por el contrario, se exacerbó hasta el exterminio de toda forma de oposición. Desde entonces, de aquella lejana matriz del primer Buenos Aires colonial, sigue campeando la idea de desigualdad, de poderosos y empobrecidos, de hijos y entenados.

El actual gobierno no hace más que expresar de la manera más cruda y salvaje ese costado antisocial atávico, afirmando las peores expresiones de todo un sector de la población argentina partidario de un darwinismo inhumano y carente de la más mínima sensibilidad. Fanáticos de la ley de la selva y la supervivencia del más apto que, curiosamente, afloran siempre como corolario de procesos distributivos. Beneficios que mejoran la economía colectiva, al revés de lo esperado, en los sectores medios prósperos sólo generan la peor ambición inscripta en su ADN, como dignos descendientes de aquellos remotos pobladores, olvidados en un rincón del mundo, sin medios, sin recursos, al acecho de cualquier oportunidad de enriquecerse y demasiado ávidos para reparar en cuestiones de conciencia o en el desarrollo equilibrado de la sociedad.

La Historia se imprime de manera perdurable en la conciencia de los pueblos, mucho más férreamente de lo que ni de lejos podemos sospechar. Seguimos siendo ese poblado miserable habitado por aventureros decididos a todo, resentidos por haber sido abandonados a un destino inhóspito y, por lo mismo, sin el mínimo sentido de solidaridad.

Pero es esa misma Historia, y sus dolorosos resultados, la que nos obliga a abandonar la animalidad de nuestros ancestros, la codicia desmedida de aquellos remedos zaparrastrosos de conquistadores, la apetencia bestial por poseer a corto plazo todo lo que se pueda abarcar; para entender que no hay otra riqueza que perseguir que no sea el largo proceso de rescatar uno a uno a los que quedan rezagados, aunque más no sea con un propósito egoísta: el de vivir en una sociedad más integrada, y por lo tanto más protegida, y por lo tanto más segura.

Será ese egoísmo de otra calidad, en todo caso, el que nos permitirá emanciparnos del concepto de república bananera, que desgraciadamente parece ir ganando cada vez mayor cantidad de adeptos, inclusive entre quienes dirigen los destinos de los países más desarrollados.